En nuestro ordenamiento jurídico, contamos con normativas específicas para ciertos grupos o sectores sociales, en atención a factores como el género, la discapacidad, el origen étnico, etc., o para ámbitos determinados como el empleo, la contratación de bienes y servicios, entre otros, pero no existe un marco protector  genérico contra la discriminación que aúne y trascienda los motivos concretos de trato desigual y que ya tienen algún tipo de amparo jurídico.

 

Como movimiento social de la discapacidad, apoyamos esa legislación genérica que no sustituiría sino que complementaría las específicas ya disponibles, como es el caso de la de igualdad de oportunidades de personas con discapacidad. 

 

En la Legislatura 2008-2011, se trabajó en un proyecto de ley de este tipo, que llegó incluso al Parlamento, pero que no vio la luz por la disolución anticipada de las Cámaras. Es una cuestión pendiente, que el CERMI y toda la discapacidad organizada demandan y esperan de los grupos políticos.”